Un sacerdote jesuíta y un profesor de la Universidad Pontificia Comillas piden que se permita matar al feto con malformaciones graves
Carlos Alonso Bedate es sacerdote jesuíta
Carlos Alonso Bedate y Federico de Montalvo Jääskeläinen piden, en su voto particular del comité de bioética, que se permita el feticidio en caso de graves malformaciones.
Carlos Alonso Bedate S.J, además de sacerdote es especialista en Biología Molecular y Genética, Profesor de Investigación del C.S.I.C. y Vicepresidente del Comité de Bioética de España.
Federico de Montalvo es abogado especialista en derecho sanitario y, desde 1997, profesor adjunto de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Desde 2012 de Montalvo es además miembro del comité de bioética, y ha sido precisamente en el informe del citado comité en el que han introducido su voto particular.
El voto, que se puede leer aquí, pide que se evite la criminalización de los médicos, que se limite la objeción de conciencia de los facultativos, y que se permita asesinar a fetos con malformaciones graves, entre otras medidas.
Aunque insisten varias veces a lo largo del voto particular en su afán de proteger al nasciturus, lo cierto es que en lo que se refiere a los supuestos de “despenalización” del aborto, el profesor de Comillas y el sacerdote jesuíta piden un tercero, que recogería el riesgo para la integridad psíquica de la madre:
“La realidad social quedaría atendida a través de la inclusión de esta tercera indicación -por grave riesgo a la integridad psíquica o moral de la mujer embarazada- en la que se podrían incluir tanto la interrupción por causa embriopática, es decir, cuando durante el embarazo se diagnostica una anomalía o malformación fetal incompatible con la vida o extremadamente grave e incurable, como el supuesto de interrupción por suponer la continuación del embarazo un conflicto personal de gravedad para la mujer. En el primer caso, en términos similares a los que recoge el Anteproyecto, el elemento justificador del aborto no sería la propia malformación o discapacidad del feto, sino la afectación que a la integridad moral de los padres podría suponer el de un hijo en tales condiciones. No hay un desvalor de la vida del feto con malformación o discapacidad, sino una valoración preferente, en cada caso concreto, de la integridad moral de los padres“
En opinión de Alonso Bedate y De Montalvo, terminar con el aborto en el corto plazo no es posible, y la única vía es el largo plazo, para lo que proponen la figura del Asesoramiento previo: “la fórmula del asesoramiento previo debe cumplir un papel sustancial que, si bien es difícil que logre acabar con tal práctica, sí al menos mitigue su incidencia. Cualquier otro camino, sobre todo si desatiende la realidad social, está llamado necesariamente al fracaso, en nuestra opinión.”
Respecto a la criminalización de los médicos, el sacerdote y el profesor de Universidad Pontificia expresan en su voto particular: “Creemos que la protección del nasciturus contra la embarazada acaba produciéndose cuando, declarándose el acto ilícito pero no punible para la mujer, sí lo es para el médico, elemento indispensable para que la mujer pueda acceder a la interrupción como medio adecuado para resolver el conflicto moral. Ello puede acabar provocando situaciones de discriminación, temor e inseguridad no sólo para la embarazada sino también para los profesionales sanitarios.”
Sobre la objeción de conciencia de los facultativos sanitarios, el voto aboga por una limitación de este derecho, para evitar abusos: “Conviene reiterar, pues, que el derecho a la objeción de conciencia no es absoluto, sino que posee las lógicas limitaciones en cuanto choca con otros bienes o derechos protegidos -como el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias validadas e incluidas en la cartera de servicios- y que pueden ser dañados con la actitud del objetor. Por eso habrá que ponderar y equilibrar los intereses en conflicto, establecer el contenido de cada derecho y los límites a su ejercicio.”
En suma, aun compartiendo la interpretación que la mayoría efectúa en cuanto al deber de información del médico, consideramos conveniente que en la futura ley se expresen con claridad los términos y el alcance de dicha información, a fin de evitar interpretaciones contradictorias al amparo de una presunta ambigüedad de la norma. Por eso mismo, el reconocimiento de la objeción no ampararía el deber básico del profesional sanitario de informar acerca de cómo y dónde debe dirigirse la mujer para poder ver resuelto su conflicto de valores y, si cabe, acceder a la prestación de un servicio en los términos previstos por la Ley”.
Carlos Alonso Bedate fue criticado por su voto en 2009, cuando Bibiana Aído aprobó su ley del aborto. Por entonces, Alonso Bedate escribió:
“Ante la extrañeza que ha suscitado en algunos medios mi participación y firma en la Opinión sobre el Proyecto de Ley del aborto, quiero dejar clara mi posición para evitar malentendidos. Considero éticamente inaceptable cualquier norma que acepte la práctica de aborto, ya sea bajo el régimen de indicaciones o de plazos, y por tanto considero éticamente inaceptable el reciente Proyecto de Ley objeto de la Opinión del Comité. Ya desde el comienzo de la vida embrionaria la vida del no nacido es una realidad humana independiente de la madre, que debe respetarse y protegerse. Así mismo, considero que el aborto no puede ser considerado desde ningún punto de vista como un derecho.”
La Iglesia ya ha tenido que intervenir antes ante los desmanes doctrinales de la Universidad Pontificia de Comillas, como cuando cesó, en 2006, al titular de la cátedra de bioética, Juan Masiá, por sus posiciones contrarias a las de la Iglesia en relación con el aborto y el derecho a la vida.
Federico de Montalvo es profesor de la Universidad de los Jesuítas en Madrid
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